Fragmento Revista El Futuro Del Trabajo En América Latina
Comparto un fragmento de la revista “El Futuro Del trabajo En América
Latina”, en donde a partir de la página 171 aparece la sección llamada “El
Futuro Del Trabajo En Colombia”. En este fragmento se describe como a finales
del siglo XX e inicios del siglo XXI, las políticas neoliberales, forzadas por
la implementación de tratados de libre comercio y la búsqueda de inversión
extranjera hizo que los gobiernos de turno hicieron grandes cambios en la
legislación laboral del país (Ley 50 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002
entre otras), impactando fuertemente el desarrollo sindical, ya que se buscaba
mayor flexibilización del mercado laboral, disminuir costos laborales
privilegiando el desarrollo económico por encima de la generación de empleo
formal, esto aunado al aumento de los pactos colectivos y a la persecución de líderes
sindicales debilitó fuertemente el desarrollo sindical en Colombia llevando al país
a tener una de las tasas más bajas de sindicalización en el mundo. A continuación
comparto algunos datos de este artículo interesante donde apreciamos más de
cerca este fenómeno.
Imagen copiada de: http://blog.futurodeltrabajo.com/
Fuente: Revista El Futuro Del Trabajo En América Latina, año 10, No. 15, Enero Junio 2018-Tercera Época.
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/RevistaTrabajo15.pdf#page=171
Imagen copiada de: http://blog.futurodeltrabajo.com/
POLÍTICA
ECONÓMICA, CONFLICTO ARMADO Y SINDICATOS
Colombia entra al
Neoliberalismo a finales de la década de 1980 con una “apertura gradual” y a
inicios de la década de 1990 con la implementación acelerada del decálogo del
Consenso de Washington. Es así que las reformas se desarrollan en medio de un
proceso de paz con algunos grupos armados el cual tuvo como resultado la elaboración de
una nueva Constitución en 1991, que se define a Colombia como un Estado Social
de Derecho; esto significa que el Estado tiene la obligación de prestar
servicios sociales, así mismo se crean procedimientos jurídicos que facultan a
los individuos para defender sus derechos fundamentales y la Corte
Constitucional para asegurar el cumplimiento de estos mandatos. Sin embargo,
gran parte de las responsabilidades del Estado respecto a combatir la pobreza y
asegurar el bienestar social, fueron olvidados cuando se inicia la apertura
económica liderada por el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994). Con la
administración Gaviria las reformas se aceleran, siendo las más importante la
Ley 50 de 1990 de Reforma Laboral, Ley 100 de 1993 que trasforma el sistema de
salud y pensiones, junto con los nuevos estatutos tributario, cambiario, y de
comercio exterior, todas aprobadas en corto tiempo para consolidar el proceso
de apertura. Lo que más claramente se logró fue ampliar el espacio del mercado
y la valorización del capital con poco control estatal y abandonando la
responsabilidad social del Estado, hechos que llevaron a niveles elevados de
desigualdad y pobreza al entrar el siglo XXI. La estrategia económica en
Colombia durante los primeros años del siglo XXI, especialmente con los
gobiernos Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2014) se dirigió al sector minero y
agroindustrial. En un contexto de conflicto interno, se buscó profundizar las
medidas de apertura económica, y atraer inversión extranjera para proyectos
mineros y petroleros. En este sentido, la política económica se fundamentaba en
la inserción neoliberal y subordinación al capitalismo global. Esta estrategia
fue exitosa económicamente ante un contexto internacional con alta demanda de
estos productos, es así que Colombia presenta en el periodo, tasas de
crecimiento mayores que el promedio de la región, tal y como se constata en la
gráfica Núm. 1. El contexto político, social y económico colombiano a finales
de la década de los 90 e inicios del 2000 dio las bases para el ascenso de un
gobierno de derecha, liberal en lo económico y conservador en lo político. El
fracaso del proceso de paz con la insurgencia llevado adelante con el gobierno
de Andrés Pastrana (1998-2002) sumado a los efectos de la crisis de 1999 llevó
a la presidencia a Álvaro Uribe Vélez, quien llega con un discurso de guerra
frontal y de seguridad para los grandes capitales denominado “confianza
inversionista”. En los dos mandatos de Uribe, ésta política favorable a los
negocios dio amplias ventajas a los inversionistas extranjeros y nacionales y
situó la lucha contrainsurgente como parte de la agenda antiterrorista mundial,
negando así la existencia de un conflicto político. Aunque no se aprobó el
Alianza de Libre Comercio de las Américas (Alca), fue importante la firma de
otros acuerdos bilaterales de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos (EU), posteriormente con la Unión Europea, Corea, entre
otros. En un momento en que varios países latinoamericanos ensayaban opciones
progresistas, la izquierda o centroizquierda colombiana en las elecciones de
2006 solo mostró avances en lo regional, sin llegar a constituir una opción
nacional. Con este contexto, la agenda neoliberal avanzó en todos los terrenos,
de modo que con la profundización de las reformas laboral, tributaria, entre
otras, Colombia se afirmó en la senda de un “modelo de desarrollo con sesgo
antilaboral” (Pineda, 2015), que para la primera década del siglo XXI mostraba
una marginal participación del trabajo en los frutos del crecimiento económico
y un acentuado carácter flexible y precarizador. Esta dinámica quitó espacios
de acción a un sindicalismo ya aquejado por sus propias tendencias a la
fragmentación, al tiempo que la violencia contra las organizaciones y la
reducción de la verdadera negociación en las empresas completaron un escenario
adverso, al que las estructuras sindicales no pudieron hacer frente. A pesar
del proceso de paz firmado con la Constitución de 1991, la violencia contra las
organizaciones sociales en general y los sindicatos en particular, ha sido
especialmente brutal desde la década de 1980; los asesinatos, persecuciones y
desapariciones a los dirigentes y sus organizaciones tuvieron niveles más
crueles que los vistos en países con dictaduras militares (ver Cuadro 1).
CUADRO
1. VIOLACIONES A LA VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD COMETIDAS CONTRA SINDICALISTAS
EN COLOMBIA, 1977-2016
TIPO DE VIOLACIÓN
|
Nº DE CASOS
|
%
|
Amenazas
|
6.972
|
48.66
|
Homicidios
|
3.111
|
21.71
|
Desplazamiento
Forzado
|
1.897
|
13.24
|
Detención
Arbitraria
|
742
|
5.18
|
Hostigamiento
|
638
|
4.45
|
Atentado
Con o Sin Lesiones
|
380
|
2.65
|
Desaparición
Forzada
|
236
|
1.65
|
Secuestro
|
176
|
1.23
|
Tortura
|
104
|
0.73
|
Allanamiento
Ilegal
|
69
|
0.48
|
Homicidio
De Familiar
|
3
|
0.02
|
TOTAL GENERAL
|
14.328
|
100
|
Fuente: ENS, Sistema de Información de Derechos Humanos
(Sinderh).
Toda vez que la estructura sindical colombiana es bastante
fragmentada como lo muestra el cuadro 2, y el Pacto colectivo compite con la
Negociación colectiva en detrimento del poder sindical y favoreciendo la
discrecionalidad empresarial, como se constata al leer el cuadro 3, donde
también se observa el crecimiento de su utilización a partir de 2011 cuando se
firma el TLC con EU.
CUADRO
2. NÚMERO DE SINDICATOS ACTIVOS Y AFILIADOS SEGÚN CLASE
DE
SINDICATO, 2015
Clase de Sindicato
|
Nº sindicatos
|
%
|
Nº afiliados %
|
%
|
Sindicato
De Gremio
|
2.414
|
46,17
|
501.175
|
49,81
|
Sindicato
De empresa
|
1.822
|
34,84
|
233.198
|
23,18
|
Sindicato
De Industria
|
863
|
16,50
|
265.277
|
26,37
|
Sindicato
De Oficios Varios
|
130
|
2,49
|
6.500
|
0,65
|
Total
|
5.229
|
100
|
1.006.150
|
100
|
Fuente: Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab),
subsistema Censo sindical, alimentado con información suministrada por el
Ministerio de Trabajo, la CUT y los sindicatos.
CUADRO
3. CONVENCIONES, PACTOS Y COBERTURA DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, 2006-2015
Año
|
Convención Colectiva
|
Pacto Colectivo
|
Contrato Sindical
|
Total
|
||||
No Casos
|
Trab. Ben.
|
No Casos
|
Trab. Ben.
|
No Casos
|
Trab. Ben.
|
No Casos
|
Trab. Ben.
|
|
2006
|
448
|
52.790
|
76
|
17.632
|
12
|
2.486
|
536
|
72.908
|
2007
|
291
|
62.230
|
206
|
50.470
|
22
|
4.928
|
519
|
117.628
|
2008
|
282
|
69.654
|
217
|
49.042
|
40
|
9.040
|
539
|
127.736
|
2009
|
373
|
92.131
|
209
|
47.234
|
46
|
10.396
|
628
|
149.761
|
2010
|
251
|
61.750
|
225
|
50.624
|
50
|
11.300
|
526
|
123.674
|
2011
|
353
|
93.192
|
170
|
38.420
|
164
|
37.064
|
687
|
168.676
|
2012
|
322
|
83.688
|
216
|
48.816
|
708
|
159.782
|
1246
|
292.286
|
2013
|
459
|
75.211
|
208
|
21.424
|
964
|
49.164
|
1.631
|
145.799
|
2014
|
348
|
77.243
|
251
|
86.717
|
2.066
|
105.366
|
2.665
|
269.326
|
2015
|
500
|
108.000
|
216
|
100.875
|
1.975
|
100.725
|
2.691
|
309.600
|
El dato de trabajadores
beneficiados entre 2007 y 2013 corresponde al promedio de los trabajadores
beneficiarios de la negociación colectiva entre 2004 y 2006, cuando el Ministerio
de Trabajo entregaba datos completos. Los datos de beneficiarios en el 2014 y
2015, para convenciones colectivas y pactos colectivos, fueron suministrados
por el Ministerio para el 77% de los casos. Fuente: ENS, Sistema de
Información Sindical y Laboral (Sislab), subsistema Dinámica de la Contratación
Colectiva, con datos del Ministerio de Trabajo.
Muchos estudios confirman que
bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez hubo una fuerte persecución a los movimientos
sociales y en particular a los sindicatos, así como baja participación de estos
en las políticas laborales y en las mesas de negociación. Los derechos a la
libre asociación son mermados no solamente por vía judicial sino por la Guerra
Sucia y los asesinatos selectivos a los sindicalistas: “Entre 2002 y 2007 se
rechazaron 491 iniciativas de trabajadores tendientes a la creación de un
sindicato. De igual forma, es el único país en América Latina en el que el
gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial” (Vidal,
2012: 1). “De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical (ENS), del total de
asesinatos de sindicalistas en el mundo, en la última década, el 63% tuvo lugar
en Colombia, lo cual en cifras concretas significa el homicidio de 1081
sindicalistas”. (Vidal, 2012:1). Durante la primera década del siglo XXI
disminuyó la cantidad de convenciones colectivas siendo reemplazadas por los
pactos colectivos y los contratos colectivos impuestos normalmente por las
empresas. Para el 2010 la tasa de sindicalización colombina es 4.9%, situándose
el país entre los de más baja sindicalización en el mundo; según datos de la
ENS (2011) el número de trabajadores cobijados por convenciones colectivas pasó
de 129.381 en el 2000 a 88.920 en el 2009.
Fuente: Revista El Futuro Del Trabajo En América Latina, año 10, No. 15, Enero Junio 2018-Tercera Época.
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/RevistaTrabajo15.pdf#page=171
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